Nueva ley de extranjería

En esta primera mitad de 2009 se está a discutir en el Parlamento español el Anteproyecto de la Reforma de la Ley de Extranjería, que pretende modificar la presente Ley, que data del año 2000. El gobierno del PSOE la defiende argumentando que “reconoce todos los derechos” de los inmigrantes y que “constituye un modelo que toda Europa quiere imitar” debido a que es “integral” y aborda este fenómeno complejo desde perspectivas diferentes basadas en el “diálogo, y el acuerdo, dentro y fuera de nuestras fronteras” , en palabras de la vicepresidenta del gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega. El susodicho anteproyecto se intenta promover basándose en que se le reconocen al inmigrante indocumentado los derechos básicos de todo ciudadano español, tales como el derecho a la educación, a la asociación, a huelga o el derecho a asistencia jurídica.

Pese a esta visión tan positiva y a que el propio grupo socialista ha buscado el consenso con el resto de grupos parlamentarios, ya han salido numerosas voces críticas con el texto, desde las propias fuerzas parlamentarias como el PP o IU, que han hecho imposible el pretendido consenso, hasta diversas ONG´s pasando por la Comisión Europea, institución criticada por medidas polémicas como la reciente directiva sobre inmigración.

Varios son los puntos del Anteproyecto criticados, pero los siguientes sobresalen como los más polémicos:

· La reagrupación familiar, cuyos requisitos se endurecen.Se amplía a de 2 a 5 años el plazo para la reagrupación familiar ascendente, permitiéndose sólo la reagrupación de los padres que tengan más de 65 años. Ademas se elevarán los requisitos económicos mínimos. Hay quién ve en estas modificaciones razones económicas ligadas a la actual crisis y al supuesto agotamiento del actual sistema de pensiones. Rocío Márquez, miembro del Foro Galego da Inmigración desbarata esta visión defendiendo que “si antes se necesitaba del inmigrante como mano de obra y para mantener el susodicho plan de pensiones, no es justo expulsar ahora a estas personas, que tienen ya su vida hecha aquí”. Además, también recuerda que este Anteproyecto de Reforma ya “estaba planeado antes de que se comenzase a hablar de crisis económica”, por lo que no es válida la excusa de la ecobnomía.

· La estancia en centros de acogida, que aumenta de 40 a 60 días. El Ejecutivo decididó en el último momento suprimir la posibilidad de que, previa autorización de un juez, se pudiera extender este periodo, en circunstancias excepcionales 10 días más. El Foro Galego da Inmigración tampoco aprueba este aumento del plazo, al considerarlo una “persecución sistemática” de los inmigrantes irregulares.

· La repatriación. Hasta ahora era necesario a la hora de repatriar a un inmigrante que este fuese mayor de edad. Con la nueva ley los menores podrían ser repatriados siempre que hubiese alguna entidad o familiar en el país de origen que se hiciesen cargo de él, algo que el propio Foro considera muy relativo, sobre todo en paises como Marruecos.

· Un nuevo régimen sancionador para penar más duramente a quienes favorecen la inmigración ilegal. Con esta medida se pretende castigar a quienes trafiquen con mano de obra ilegal, preo indirectamente lo que hace es castigar también a quién ayude a este colectivo. Pagarían justos por pecadores pues, por ejemplo, dar limosna a un ilegal a las puertas de una iglesia se sitúa al mismo nivel que alguién que se dedicase a la trata de blancas, ya que las dos personas estarían promoviendo la estancia de sin papeles en territorio español. Relacionado co neste tema el Foro también señala que con estas medidas se limita indirectamente “la renovación de las tarjetas de trabajo y residencia”, favoreciendo más si cabe la expulsión de inmigrantes.

Para Rocío Márquez y el Foro Galego da Inmigración, como para otras muchas ONG´s, este Anteproyecto “no tiene nada de progresista”, y no es una “buena solución” para los problemas del Estado español, que sigue necesitando del inmigrante “como mano de obra, para mantener el régimen de pensiones, para la evolución de la natalidad y para ayudar a la economía”. Sólo se consigue aumentar la “criminalización de las personas en situación administrativa irregular” y que tampoco va a “impedir que sigan llegando inmigrantes, pues ni el cierre de fronteras puede conseguir algo así”. A su parecer, la solución pasa por ayudar a mejorar la situación económica y social en los países de origen. “Mientras paises como España o la propia UE sigan ayudando al empobrecimiento de estos países será lógico que estas personas se vean obligadas a buscar una salida” a su situación, por muchas leyes de extranjería que existan.