Dura lex, sed lex- Ley dura, pero ley.
Recogida de firmas en contra del anteproyecto de la ley de extranjería en la compostelana plaza de O Toural
El consejo de ministros ha aprobado el pasado mes de marzo en Madrid un anteproyecto de ley para reformar la actual ley de extranjería. Condiciones legales más duras para “ayudar” a personas que muchas veces ya viven en condiciones extremas. Aunque en Galicia el numero de inmigrantes es mucho menor que en el resto de las Comunidades Autónomas su calidad de vida no es mucho mejor.
Decía Groucho Marx que “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.” O nuestra clase política sigue a pies juntillas sus preceptos o está totalmente ciega ante la realidad.
Aprobada el mes pasado por el consejo de ministros, el anteproyecto de Ley de Extranjería (el denominado apartheid jurídico) está aguardando ahora a ser ratificado en el Parlamento. Se trata de un otro endurecimiento de la vigente ley, que volverá la situación de los inmigrantes más precaria, si cabe, en medio esta crisis financiera. La reforma ha sido presentada por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien ha llegado a relacionar la contratación en origen con el desempleo. En el último año, estas contrataciones han supuesto menos del 10% (aproximadamente 85.000, de un total de casi un millón) de trabajadores extranjeros ingresado, pero si se suprimen, las posibilidades de legalización de la relación laboral de las personas inmigrantes se reducen a cero.
Ya hace años que propaganda xenófoba de este tipo relacionaba la inmigración con el desempleo y hacía referencia al “efecto llamada” o la entrada masiva de inmigrantes. Pero el único resultado final de ahogar las vías de entrada legales, fue potenciar la actividad de las mafias dedicadas a los embarques clandestinos, y batir cifras record de ahogados en el estrecho. Además de esto, el único resultado es potenciar los sentimientos xenófobos de los ciudadanos, avivando de este modo, la discriminación.
La legislación de este país se ha caracterizado siempre por su tratamiento policial del fenómeno migratorio. Una práctica demasiado habitual. Cuando un Estado como el nuestro, contribuye sistemáticamente al empobrecimiento de los países subdesarrollados, por norma tiende a enfrentarse a los movimientos migratorios del modo incorrecto, es decir, trata este fenómeno como un problema en lugar de como un reto.
Reformas, contrarreformas y más reformas en la ley de extranjería durante la última década lo corroboran. Ninguna ha conseguido acallar a las numerosas asociaciones por los derechos humanos, las cuales siempre han criticado el hecho de que, aunque se daban mejoras tímidas, en conjunto se empeoraba la situación de los inmigrantes, especialmente de los indocumentados. Estos son los que más sufren las consecuencias a ambos lados y muy pocas ocasiones se les reconoce como refugiados o forzados al exilio.
